Sin modificación alguna y ante la presión por parte de varios medios de comunicación, sobre todo de prensa escrita, el Senado de la República aprobó con 81 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones, las reformas a la leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones.
Dichas reformas han suscitado un gran debate en la sociedad y en los medios de comunicación, ya que la propuesta de ley entre otras cosas, determina la licitación pública de las concesiones de tiempo aire; motivo por el cual varios opositores ante esta ley, señalan que dichas modificaciones responden a las presiones de las dos televisoras más importantes del país: Televisa y TV Azteca, a las cuales se les considera un dúo polio cuyo único objetivo es apoderarse paulatinamente de la totalidad del mercado, ofreciendo productos sumamente rentables y sin contenido.
Con estas modificaciones, los opositores señalan que se limitará el acceso a las emisoras pequeñas e irán desapareciendo paulatinamente. Se margina a los medios sociales, estatales e indígenas. No debemos olvidar que en muchas comunidades el único lazo entre su realidad y el mundo exterior, son estas pequeñas radiodifusoras que los mantienen informados e incluso entretenidos.
Pero, vayamos un poco atrás… y recordemos el inicio de esta controversia, al hacerse público que en tan sólo 7 minutos la Cámara de Diputados aprobó de manera casi unánime la minuta de esta ley. ¿Es posible que en tan corto tiempo se logre revisar y aprobar una ley tan importante y con gran repercusión social? El Senado de la República no se quedó atrás, aunque incluso quienes votaron a favor, reconocen que la reforma es insuficiente.
No hay que dejar atrás el hecho de que el 2006 es un año electoral y la existencia de los intereses políticos que se juegan por parte de los presidenciables, quienes buscan una “rentabilidad política y electoral”.
Dentro de los puntos más importantes a destacar en esta ”nueva ley” resaltan las reformas que fijan nuevos mecanismos para asignar concesiones a los medios, se elimina la facultad del gobierno para administrar el espectro radioeléctrico y se faculta a la Comisión de Telecomunicaciones (Cofetel) para regular la entrega de concesiones. De la misma forma, se extiende de 10 a 20 años la vigencia de dichas concesiones, que podrán ser refrendadas de manera directa.
Al igual se permitirá a las empresas concesionarias ofrecer servicios adicionales a través de las señales digitales como internet y telefonía móvil, mediante un pago adicional. Con estos cambios legales, se limita el acceso a la digitalización a muy escasas emisoras que cuentan con pocos recursos; además no debemos olvidar que el espacio radioeléctrico es propiedad de la nación.
Sin embargo no todo es malo en este tema; debido a que era más que necesario comenzar a debatir y transformar una ley que no había sido tocada por más de 40 años. La Ley Federal de Radio y Televisión se mantenía vigente desde el 19 de enero de 1960, y es obvio que a lo largo de estas cuatro décadas la sociedad ha cambiado; los radioescuchas, telespectadores y lectores son distintos. Por ende, las leyes lo deben ser.
Las licitaciones serán públicas y podrán ser consultadas por internet, lo que permite la transparencia y control del gasto electoral. Así como inhibir que el ejecutivo se determine por medio del “dedazo”, como se imperó por décadas; finalmente, lo que impidió que los últimos 13 años se haya otorgado concesión de radio o televisión.
Se establece el pago de contraprestaciones al erario público ante el otorgamiento de concesiones. Se establecen convocatorias libres para cualquier interesado.
Se instituyen prórrogas aplicando los principios fundamentales en la ley de Telecomunicaciones, entre los que destacan la función social de los medios.
Se mantiene la regulación de contenidos en medios electrónicos de protección a la niñez y la juventud de orden público y de violencia. Se promueve la producción nacional independiente de contenidos y se incentiva la adquisición y difusión de contenidos elaborados por productores nacionales independientes, por parte de los medios electrónicos comerciales.
Concentración de poder
Al dejar de ser gratuitas las concesiones se pone en riesgo a las pequeñas y medianas empresas, lo que favorece la concentración en las grandes compañías, es el argumento que invocan quienes están en contra de las reformas de ley.
A lo largo de este año, el tema ha desatado una ola de críticas en contra de Televisa por las presuntas presiones a diputados para aprobar el dictamen, lo que obligó a la cadena a rechazar las versiones, con el conductor titular del noticiero nocturno.
Los opositores sostienen que esta reforma responde a presiones de Televisa, la cual es la que tiene el mayor número de concesiones y se beneficia con tales disposiciones.
A manera de editorial, el duopolio televisivo presentó su parecer y fijó su postura ante el tema, descalificando a quienes no apoyan las reformas de ley.
Derecho a la información
En pleno siglo XXI la sociedad mexicana continúa teniendo restricciones sociales, políticas e ideológicas con respecto a la información que debemos tener los connacionales; los medios de comunicación sin duda, son la vía para informarnos y romper las cadenas de la ignorancia. No sólo es un derecho, si no una obligación mantener la imparcialidad y objetividad de los mismos.
En medida de que tengamos una participación activa en el acontecer de la sociedad, obligaremos a nuestras autoridades a imperar en el orden legal y por ende, intentar conseguir esa transparencia que en ocasiones se vuelve efímera. .:M:.
*Escrito originalmente para e.Metro, estación Xola